A raíz del fraude que el gobierno de Estado Unidos ha detectado en el programa de parole humanitario, ha crecido la incertidumbre para los beneficiarios. La situación es grave, ya que muchas personas, tanto patrocinadores como beneficiarios, podrían estar en riesgo de enfrentar serias consecuencias legales según el abogado de inmigración José A Guerrero de seguir las investigaciones el gobierno federal pudiera imponer hasta 10 años de cárcel a las personas que se le comprueben que cometieron dicho delito.

Los beneficiarios inocentes: Protegidos pero afectados

Es fundamental hacer una distinción clara entre los beneficiarios que fueron víctimas de fraude sin su conocimiento y aquellos que participaron activamente en actividades fraudulentas. Los beneficiarios que no cometieron ningún crimen, que no participaron en el fraude y que no tenían conocimiento de las actividades ilegales, no enfrentarán cargos criminales. Esto incluye a personas en Cuba, Nicaragua, Venezuela o Haití que fueron traídas al país sin saber que su patrocinador había cometido fraude. Aunque estas personas no serán acusadas penalmente, sus solicitudes de parole podrían ser negadas si están vinculadas a un patrocinador involucrado en fraude.

Desafortunadamente, aunque no enfrentarán cargos criminales, aquellos cuyos casos estén comprometidos por el fraude del patrocinador verán sus solicitudes negadas, lo que deja a estas personas en una situación incierta.

Los patrocinadores que cometieron fraude

Los patrocinadores que participaron en actividades fraudulentas enfrentarán consecuencias mucho más severas. Si un patrocinador cometió fraude con conocimiento de causa, se le negará la aprobación del parole humanitario y será etiquetado permanentemente como fraudulento, lo que dificultará enormemente cualquier intento futuro de ingresar a los Estados Unidos. Además, si el patrocinador se encuentra actualmente en el país, podría enfrentar cargos criminales, perder su estatus migratorio (como la residencia) y ser deportado.

Un aspecto preocupante es que, en algunos casos, acudían a alguien que le hiciera el «proceso de solicitud» y luego en una misma aplicación se incluían a varias personas, algunas de las cuales no estaban involucradas en el fraude. Sin embargo, si una persona en la aplicación está comprometida, las solicitudes de las otras personas también serán denegadas. Esto subraya la importancia de que los patrocinadores aseguren que su documentación y la de los beneficiarios sean completamente legítimas.

Recomendaciones para los beneficiarios

Para aquellos beneficiarios que pagaron a terceros para que les ayudaran a completar sus formularios, es vital que conserven evidencia de esta transacción, como fotos u otros documentos. Nos hemos encontrado con casos en los que los beneficiarios ni siquiera tienen acceso a su propia cuenta o conocen sus credenciales de inicio de sesión, lo que los deja vulnerables a posibles problemas legales.

El acceso a la cuenta es crucial para poder monitorear el estado de su caso y asegurarse de que no haya irregularidades. Si usted se encuentra en esta situación, asegúrese de recuperar el control de su cuenta lo antes posible y de reunir toda la documentación que pueda respaldar su inocencia en caso de que surjan preguntas sobre la legitimidad de su aplicación.

El impacto del fraude en la comunidad migrante

El fraude en los procesos de inmigración tiene repercusiones profundas no solo para los individuos directamente involucrados, sino también para la comunidad migrante en general. Hemos recibido informes de personas que pagaron dinero para que sus solicitudes fueran aprobadas rápidamente, en algunos casos en una semana o menos. Estas acciones no solo son ilegales, sino que también ponen en riesgo la integridad del proceso migratorio.

Si se descubre que un individuo pagó para influir en un oficial del gobierno, esto constituye un delito grave.
Las autoridades están investigando a fondo estos casos, y quienes estén involucrados en fraude deberían estar preocupados, ya que el gobierno no tomará estos delitos a la ligera. Las penas por fraude pueden incluir desde la denegación de futuras solicitudes migratorias hasta sentencias de cárcel de 5 a 10 años, dependiendo de la gravedad del caso.